ES EL TURNO DE LAS OBRAS SOCIALES

Miércoles 26
Noviembre 2008

Es el turno de las obras sociales.
Luego del fallo de la Corte sobre representación gremial, se impone revisar por qué las obras sociales fueron perdiendo su idea de solidaridad e igualdad.

El Congreso debería asumir la tarea, ya que se descuenta que el Gobierno no lo hará.
Por: Aldo Neri

EX DIPUTADO NACIONAL Y MINISTRO DE SALUD

Un fallo de la Corte Suprema ha hecho crujir la rígida estructura sindical.
Abre la puerta a un pluralismo casi inexistente.
La dirigencia y el empresariado, que fue y es su socio en el modelo vigente, alertan sobre el riesgo de anarquía en las relaciones laborales. No carecen de razón, si fuera mal instrumentado. Son los riesgos de la democracia, frente a la simplicidad del escenario que bien conocemos: decisiones de cúpulas corporativas centrales, bajo el paraguas paternal del gobierno. Y cuando este último era, además, autoritario, se completaba el cuadro disciplinario de lo que años atrás denominábamos fascismo.
Como no se quiso construir un movimiento sindical fuerte pero plural y democrático, llegamos a esto. La estructura básica es puro aparato, con aceitados mecanismos de representación y elección que garantizan la continuidad de un grupo en la conducción, al que la mayoría ha desistido de oponerse. El resto de la domesticación lo hicieron los cambios profundos acaecidos en los mercados de trabajo, que han menguado notablemente el nivel de sindicalización de los trabajadores y acotado la ya escasa vigencia de las comisiones internas en las empresas.
A la par de este desarrollo e íntimamente ligado al mismo, se produce el de la obra social que, como subproducto de los servicios que brinda a la familia trabajadora, constituye una formidable base de poder económico y político, hacia adentro y hacia afuera del ámbito sindical.
Su inspiración originaria fue la solidaridad de los participantes en un sector de la producción para compartir beneficios sociales, principalmente de salud, sobre una base redistributiva: quienes ganan más aportan más, pero los derechos son iguales para todos.
La desregulación de los años 90 inició la quiebra de la solidaridad grupal. Pero la culminación llega con la tendencia hacia la privatización de la obra social, en su doble significado: 1) Privatización por delegación de su gestión en una empresa de prepago médico o, alternativamente, por constituirse ella misma en empresa que compite en el mercado de la salud; 2) Privatización por recaer cada vez más en las posibilidades económicas de cada familia la selección del servicio, ante la oferta mercantil de planes de cobertura opcionales, por encima de uno básico, supuesta garantía del sistema. Pinochet destruyó de un plumazo el Servicio Nacional de Salud, creando las ISAPRES, como seguros privados de mercado. Entre nosotros, sin dictador, se va consiguiendo paulatinamente el mismo resultado, con alguna gente contenta porque puede pagarse un servicio un poquito VIP, otros porque hacen buenos negocios y el Gobierno y la población, ausentes.
En los 80, cuando las obras sociales cubrían no menos del 70% de la población, un gobierno -el mismo que quiso democracia en los sindicatos- pensó, quizás ingenuamente, que aquéllas, reformadas, podrían ser el cimiento de un seguro universal e igualitario, y fracasó en ambos intentos. Hoy, que apenas superan el 50% de cobertura, son las legitimadoras de una concepción de salud de mercado. En sus intersticios se filtran infinitos procedimientos e intermediaciones, lícitos y de los otros, que agrandan el gasto sin ventaja para el beneficiario y deterioran la calidad del servicio que recibe. Existe un no formulado pacto corporativo de silencio -que incluye a sectores políticos- para no cuestionar la esencia del sistema. Una retórica falaz alcanza para distraer y la poca comprensión ciudadana de los asuntos políticos de la salud completa el cuadro.
Por otra parte, así como hace poco Ernesto Kritz se preguntaba en esta página, a propósito de la intempestiva reforma provisional: ¿y quién repara en los millones que están fuera del sistema en la informalidad?, podríamos interrogarnos: ¿qué pasa con los que no tienen obra social? ¡Claro, me olvidaba de la coartada, tienen el hospital público abierto a todos! Pero reconozcamos que son beneficiarios de segunda clase, cristalizando otra desigualdad.
El camino hacia una sociedad integralmente democrática es largo.
La Corte ha dado un gran paso en él.
No parece ser judicial el camino para encauzar a las obras sociales. Es necesario que del asunto se haga cargo la política.
El Gobierno no tomará la iniciativa; no lo hizo con vientos favorables, no lo hará ahora con horizonte ominoso, temeroso de malquistarse con aliados. Pero los partidos y el Congreso representan la política; y ese es su oficio: no proteger intereses particulares, sino superarlos hacia el interés general.